El Juzgado Primero Administrativo de Yopal emitió un incidente de desacato en contra del gobernador del departamento de Casanare, Salomón Andrés Sanabria Chacón, y del gerente de la empresa departamental de servicios públicos, Acuatodos, Oved Quiroga Flórez. Al parecer, estos funcionarios no han puesto en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, del municipio de Monterrey, lo que estaría descargando directamente el líquido contaminado al caño Leche Miel, afectando al medio ambiente.

Según se ha denunciado, la obra está completamente detenida hace meses, tras una inversión superior a los 20.000 millones de pesos, por que al parecer el contratista no pudo seguir manteniendo la obra, en todo tipo de aspectos, argumentando que la labor estaba generando un detrimento patrimonial.

Esto es lo que precisamente alega el Tribunal Administrativo de Yopal, que además de dejar la obra a la deriva, tampoco se han realizado las labores para que se continúe con el proyecto, lo que estaría ocasionando una afectación directa a las arcas del departamento y al medio ambiente, pues todos los desechos y aguas contaminadas se estarían vertiendo en caño Leche Miel.

Así como lo reseña el tribunal, este año ya se les había entablado otra orden de desacato, pero esa vez por incumplir con un orden judicial, la cual exigía que se les suministrara agua potable a los habitantes de las veredas: San Rafael, La Capilla, La Maraure y Altagracia, todas del municipio de Hato Corozal.

De hecho, en esa visita anterior el Juzgado Primero Administrativo de Yopal ya les había abierto un incidente de desacato tanto al gobernador, como al gerente de Acuatodos; a estos se les sumó el alcalde del municipio de Monterrey, Carlos Iván Díaz Solano y al gerente de la empresa de servicios públicos de esta población Jhon Jairo Talero Roa.

Como multa en el más reciente incidente, el Tribunal Administrativo de Yopal sancionó con 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes al gobernador y 15 al gerente de Acuatodos. Además, se remitieron copias a la Procuraduría y la Contraloría de todo el proceso por lo que cada entidad determinará si se hace necesario abrir algún proceso sancionatorio.

En un comunicado de Acuatodos, declaran que:

Añaden que el problema es que la obra no cuenta con la capacidad suficiente para atender la demanda, por lo tanto, el servicio que este pude llegar a brindar no se puede garantizar. De hecho, declaran que la responsabilidad del proyecto es del municipio de Monterrey, ya que ellos son los que recaudan los recursos para el tratamiento de las aguas.