Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México (GIZ), a través del Programa de Apoyo para la Transición Energética (TrEM), realizó el proyecto “Instrumentos de Promoción para la Transición Energética (IPTEs); Medidas Fiscales Federales y Locales”, cuyo propósito es contribuir a la adecuada toma de decisiones en favor de la transición energética a nivel subnacional y municipal, a partir de la identificación de ingresos y gasto público que inciden en el proceso de transición energética. Con este fin, el CIEP realizó una investigación compuesta por:
De acuerdo con el sexto informe de evaluación elaborado por el IPCC 1 (2014) , autoridad en la materia de cambio climático, la influencia humana ha aumentado la temperatura media del planeta a una tasa que no tiene precedentes desde los últimos 2 mil años. Dicho comportamiento afecta a cada región habitada del planeta y se expresa en cambios observados en el clima y en eventos meteorológicos extremos como huracanes, sequías prolongadas, lluvias torrenciales, inundaciones, granizadas, heladas, entre otros fenómenos que afectan las actividades productivas y, potencialmente, la salud e integridad de las personas (IPCC 2014) .
Por las condiciones geográficas y socioeconómicas de su población, México es un país particularmente susceptible a los efectos del cambio climático (INECC 2019a) . Según la OCDE , la vulnerabilidad2 al cambio climático en México abarcaría el 16% del territorio nacional, afectaría al 68% de la población y perjudicaría el 71% de la economía (OCDE 2007) . De acuerdo con el índice de riesgo climático global, México ocupa el lugar número 10 de países con mayores pérdidas económicas por el cambio climático de 1999 a 2018 (Eckstein et al. 2019) .
Los GEI ocurren de manera natural y son esenciales para la supervivencia humana y de millones de especies de seres vivos. Sin embargo, después de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura de larga escala, las cantidades de GEI en la atmósfera se han elevado a niveles no vistos en tres millones de años (IPCC 2021) . A medida que las poblaciones, economías y estándares de vida aumentan, también lo hacen las emisiones.
Desde una perspectiva científica, limitar el cambio climático inducido por la actividad humana a un nivel específico requiere limitar las emisiones acumuladas de CO2 para alcanzar una tasa neta cero de emisiones, junto con fuertes reducciones en otras emisiones de GEI . Para alcanzar el objetivo, 194 gobiernos del mundo suscribieron el Acuerdo de París, en el cual se comprometieron a implementar acciones para limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2°C y proseguir esfuerzos para limitar el aumento a no más de 1.5°C.
El sector energético tiene un rol fundamental en la reducción de GEI y en la consecución de los objetivos del Acuerdo de París. Datos del IPCC (2014) muestran que el sector energético emite 73% de las emisiones antropogénicas globales y que, entre 2000 y 2010, el sector energético de los países de ingreso alto y medio emitieron 60% del aumento de emisiones. En el caso de México, el sector energético emitió, entre 2000 y 2019, 71% del total de emisiones nacionales (INECC 2019b) . En específico, las actividades de generación de electricidad y calor y autotransporte son las actividades que más emiten GEI , con 31% y 30% del total.
Debido a que el sector energético es la fuente de 3 de cada 4 emisiones antropogénicas de GEI , el cumplimiento de los Acuerdos de París implica una transformación total en la forma en la que producimos, transportamos y consumimos energía. A este proceso, se le conoce como transición energética.
El objetivo del presente documento es proveer a actores clave un instrumento de planeación para la elaboración y aplicación de políticas públicas fiscales para el Estado de Yucatán que incentive el proceso de transición energética desde un punto de vista local. El Capítulo 2 revisa el marco normativo vigente que rige este proceso desde el ámbito federal y, consecuentemente, a definir el rol de la política fiscal en el Capítulo 3. El Capítulo 4 incluye una revisión de “mejores prácticas”, a través de explorar experiencias internacionales, nacionales y subnacionales, así como propuestas de organismos internacionales para el sector energético.
El análisis local es enriquecido con investigación cualitativa en el Capítulo 5 que recoge el punto de vista de actores clave que representan a distintos sectores de la sociedad: público, privado, social y académico. Sus perspectivas profesionales enriquecen el documento al incorporar opiniones y recomendaciones sobre la efectividad de la actual política fiscal para la transición energética.
Una transición energética es un proceso a través del cual surge una nueva fuente de energía que altera el status quo. Dicha fuente deriva en un cambio estructural y permanente en la oferta, demanda, precios y composición del uso energético (Fouquet 2016) . Dado que la energía está presente en prácticamente todas las actividades humanas, dicho proceso modifica la composición de la economía. De hecho, el proceso de desarrollo de la economía moderna fue gracias a una transición energética que significó la sustitución de la leña por carbón como combustible industrial durante el siglo XVIII en Inglaterra (Fouquet 2016) .
Debido a la amenaza que representa el cambio climático a la economía global y a la sociedad en su conjunto, la transición energética del siglo XXI se caracteriza por una transformación enfocada en el cambio de energías fósiles hacia fuentes de energía renovable, tales como la solar, eólica e hídrica. Otra caracterización de este proceso es el uso más eficiente de la energía3. El proceso involucra la oferta de combustibles fósiles y de bajas emisiones, la generación de electricidad y el consumo de los tres sectores de uso final: industria, transporte y edificaciones (IEA 2021b) . Asimismo, este requiere de acciones coordinadas de los gobierno y de cambios en los patrones de consumo de los individuos (IEA 2021b) .
La transformación del sector energético ofrece oportunidades para un desarrollo económico sostenible, inclusión social, seguridad energética, mejoramiento de la salud, creación de empleos y otros beneficios sociales. Para que se logren aprovechar, es necesario apoyar a las comunidades a adaptarse a una economía verde, a través de un sistema de protección social y nuevas habilidades, de tal manera que se asegure que la población esté equipada para tomar ventaja de los empleos verdes que esta transformación implica (IEA 2021a; BID 2020)
En 2013, se emitió una Reforma Energética en México, con la que se esperaba incrementar la producción de hidrocarburos, reducir el precio de los energéticos e integrar energías renovables a la red eléctrica (Gobierno de la República 2013) . En 2014, dicha reforma estuvo acompañada de una legislación secundaria donde se destaca la LIE . Ésta establece un nuevo marco de dirección para el sector eléctrico, incluyendo la definición de energías limpias, un mercado mayorista, un sistema de CELS y subastas eléctricas, con el fin de atender la creciente demanda de electricidad.
En 2015, se promulgó la LTE , la cual aborda integralmente el desarrollo de las energías limpias, proponiendo instrumentos y metas concretas con el fin de garantizar la efectiva penetración de éstas en la matriz eléctrica. Asimismo, busca fortalecer la eficiencia de la energía y propone un marco institucional que lleve a la formación de capital humano, al desarrollo científico y tecnológico y a la creación de cadenas de valor dentro de una nueva industria en el país. El Cuadro 2.1 sintetiza el marco legal que rige la transición energética en México desde el ámbito federal.
Como instrumento de planeación de la transición energética, la LTE establece la creación de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles Más Limpios4. Dicha estrategia, actualizada en 2020, constituye el documento rector del PETE y del PRONASE .
La LTE , en su capítulo IV, título tercero, establece que el objetivo del PETE 5 es instrumentar las acciones establecidas en la propia Estrategia para la Administración Pública Federal, asegurando su viabilidad económica. En su artículo 35, se establece que el PRONASE 6 es el instrumento del Ejecutivo Federal mediante el cual se establecen objetivos, metas, estrategias y acciones que permitirán alcanzar el uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades de la cadena energética, desde la explotación hasta el uso final. La Figura 2.1 ilustra la composición de los instrumentos de planeación de la transición energética dictados por la LTE .
En lo relativo a la política climática, el Estado de Yucatán dispone de 14 instrumentos dirigidos al cambio climático, a las emisiones y calidad del aire, al manejo de residuos sólidos y a la gestión territorial (INECC 2022) :
La LIE , en su artículo 3, párrafo XXII, define a las energías limpias como aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan. Entre las energías limpias se consideran las siguientes (Figura 2.2):
El artículo tercero transitorio de la LTE mandata a la SENER a fijar, como meta, una participación mínima de energías limpias en la generación de electricidad de 25% para el 2018, de 30% para 2021 y de 35% para 2024 (Cuardo 2.2). Adicionalmente, la Estrategia propone como indicador de seguimiento para la eficiencia energética el índice de intensidad energética de consumo final7 (Cuadro 2.3).
Con el propósito de cumplir el objetivo del Acuerdo de París, los países presentan sus NDC 8 a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en donde expresan sus propios compromisos en términos de objetivos y contribuciones al Acuerdo. El proceso requiere que los países firmantes actualicen sus NDC cada cinco años con una ambición progresiva sobre sus metas.
Al estar suscrito al Acuerdo de París, México se comprometió, a través de sus NDC , a disminuir el ritmo de emisiones de manera incondicional en 22% en 2030, con respecto al escenario base (SEMARNAT 2016) . Dichos compromisos fueron refrendados en la actualización de las NDC en 2020 (SEMARNAT 2020) .
La política fiscal es el uso del gasto del gobierno y la tributación para tener influencia sobre la actividad económica (Horton and El-Ganainy 2012) y, usualmente, los gobiernos la utilizan para promover el crecimiento, el desarrollo y para combatir la pobreza. Esta definición incluye como instrumentos a los impuestos, subsidios, subvenciones y decisiones de gasto del gobierno. En el contexto de transición energética, la política fiscal se define como el uso de instrumentos fiscales que inducen la introducción de energías limpias y renovables, además del aprovechamiento eficiente de la energía (Gramkow 2020) .
Una política fiscal congruente con la promoción de la transición energética envía señales de mercado con el fin de ajustar los precios, de tal forma que influyan en el comportamiento de una forma ambientalmente positiva (Milne and Andersen 2012) . En este sentido, los instrumentos deben ser diseñados para incentivar9 la inversión en el desarrollo de energías renovables. Adicionalmente, se necesitan crear desincentivos10 a prácticas no sostenibles o para aquellas que generan impactos negativos, como la quema de combustibles fósiles (IISD 2013) .
La lógica de la intervención pública, a través de la política fiscal, se justifica debido a la existencia de externalidades11 asociadas al proceso de transición energética. La literatura ha identificado tres distintas fuentes (Stock 2021) .
La política fiscal de promoción a la transición energética busca reducir las externalidades asociadas a ésta. Algunos ejemplos son:
La implementación de una política fiscal que desincentive el uso de combustibles contaminantes, a menudo, presenta retos debido a que las alternativas confiables y económicas no están suficientemente disponibles en el mercado. Es decir, los ciudadanos y los negocios perciben dichas medidas como una afectación sobre sus ingresos, sin ningún tipo de beneficio en el futuro inmediato (IISD 2018) . Ante esto, los gobiernos tienen pocos incentivos para aplicar este tipo de medidas; por el contrario, muchos subsidian el uso de los energéticos fósiles. Cuando la política fiscal subsidia estos combustibles, funciona de manera contraria a la promoción de la transición energética, representando un desincentivo a este proceso (Kogels 2019; Coady et al. 2015; IISD 2018) .
Los gobiernos pueden tener diversos objetivos cuando intervienen en los mercados energéticos con la provisión de subsidios13. Un objetivo puede ser proteger el acceso de consumidores en situación de pobreza a los energéticos. Otro puede recaer en la necesidad de blindar la economía a impactos causados por las amplias oscilaciones que presentan las materias primas energéticas o en el deseo de apoyar a ciertas industrias14 (Clements et al. 2013) .
Sin embargo, el mismo artículo 57 estipula que, para recibir los recursos del fondo, las entidades federativas no establecerán ni mantendrán gravámenes locales o municipales, en materia de protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico, o de protección y control al ambiente, que incidan sobre actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Además, tampoco pueden gravar actividades que incidan en las prestaciones o contraprestaciones derivadas de contratos o asignaciones relacionadas a la exploración y extracción de hidrocarburos (DOF 2014) .
A continuación, se identifican las medidas fiscales para la transición energética en el Estado de Yucatán. Primero, se realiza una revisión de la oferta y demanda del sector energético a nivel federal y local, la cual incluye los procesos de la cadena productiva y los principales consumidores. Posteriormente, se realiza un análisis de las medidas fiscales federales y locales que impactan su transición energética. Dentro del gasto federalizado, se identifican las participaciones y los seis fondos que componen las aportaciones y, finalmente, dentro de la recaudación local, se incluyen los impuestos, subsidios, permisos y derechos existentes.
El sector energético representó, en 2021, el 5.0% del PIB en México. Lo anterior puede desagregarse en la generación de electricidad y en la extracción de petróleo y gas (INEGI 2022a) . Por un lado, la participación en el PIB del primero ha mostrado una tendencia ascendente, creciendo de 0.7% en 2000 hasta 1.2% en 202117. Por otro lado, el segundo ha reducido su participación, ya que, en 2000, representaba el 8.0% del PIB y, en 2021, representó 3.4% (INEGI 2022a) . No obstante, la extracción de petróleo y gas sigue siendo más grande, en términos del PIB , que la generación de electricidad.
A nivel local y en relación con lo observado a nivel federal, se expone la producción y consumo de energía eléctrica en el Estado de Yucatán; así como, las ventas de petrolíferos a la entidad y su parque vehicular.
A nivel nacional, los impuestos federales que contribuyen a la transición energética están en el Cuadro 3.1 y se describen a continuación:
Por otro lado, el artículo 204 de la LISR estipula un crédito fiscal equivalente al 30% del monto total de inversiones cuando se realicen en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, siempre que éstos se encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos. En caso de que el crédito fiscal exceda el cargo por motivo de ISR durante el ejercicio fiscal, el excedente podrá acreditarse durante los próximos 10 ejercicios fiscales o hasta agotarse. Asimismo, en caso de no ejercer el crédito en el ejercicio fiscal aplicable, el contribuyente perderá su derecho para acreditarlo. El gasto fiscal estimado para 2021 de este estímulo es de 988 mdp o 0.0004 del PIB (Cuadro 3.1).
Por último, la LISR estipula que el monto máximo para deducciones de ISR respecto a vehículos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas o híbridos es de $250,000 MXN; en contraste al límite máximo de $175,000 para automóviles de combustión interna. Además. La SHCP estima que los gastos fiscales para las deducciones de vehículos eléctricos o híbridos es de 640 mdp o 0.0013% del PIB (SHCP 2021a) para 2021 (Cuadro 3.1).
Para financiar los objetivos prioritarios establecidos en la Estrategia y demás instrumentos de planeación, locales e internacionales, el artículo 24 de la LTE establece que los recursos deben ser consolidados en el PEF .
Acorde con el Informe Tres32 del FOTEASE , el último publicado, los proyectos vigentes para el 2019 eran:
Los concluidos durante dicho año fueron:
La generación eléctrica destinada a suministro básico, sector que recibe el subsidio, está conformada en su mayoría por tecnología fósil. Según datos de la CRE 33, las fuentes de energía fósiles han provisto 80% de la energía durante 2021. Los precios de estas tecnologías en 2021 son más caros que sus contrapartes limpias y renovables. En promedio, en plantas propiedad de la CFE , la energía contratada de plantas térmicas y de ciclo combinado es de $2,200 y $2,000 pesos mexicanos por Megawatt-hora (Mwh). En contraste, el precio promedio de energías hidroeléctricas e intermitentes, solar y eólica, es de $1,200 y $600 por Mwh. Las diferencias son mayores si se compara el precio de energía eólica y solar proveniente de subastas, con un precio promedio de $370 pesos por (Mwh). Las diferencias muestran que el subsidio a la tarifa eléctrica representa un incentivo a las tecnologías fósiles. El PEF 2022 propone un monto de subsidio por $73 mil mdp , aumento de 0.6% reales (Figura 3.1).
El gasto federalizado es el principal componente de los recursos públicos subnacionales, debido a que, en promedio para 2021, representó el 87.1% del total de ingresos disponibles para las 32 entidades federativas. Particularmente, el Estado de Yucatán recibió 31,914.0 mdp (1.8% del total o 9.7% del PIB estatal), significando el 88.7% de sus ingresos disponibles y fue el estado número 17 que más recursos obtuvo durante 2021 por este concepto (SHCP 2021b) . Aunque éstos no se destinan directamente a acciones relacionadas con la transición energética, la LCF posibilita a los estados reorientar su destino para este propósito.
“La inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura”.
“Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia”.
“Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas”.
La Figura 3.5 muestra que estos recursos se destinaron, durante 2018 y 2019, principalmente, al saneamiento financiero (40.5% del total), pensiones (30.8%) e infraestructura física (25.9%). Del FAFEF , el Estado de Yucatán obtuvo 845.4 mdp (1.8% del total) en 2021, siendo el estado número 19 que más recursos recibió (SHCP 2021b) .
“A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza”.
La Figura 3.6 muestra que estos recursos se destinaron, durante 2018 y 2019, principalmente, a desarrollar sistemas informáticos (43.8% del total) y capacitación de personal policial (13.2%). Del FASP , el Estado de Yucatán obtuvo 165.4 mdp (2.2% del total) en 202036, siendo el estado número 31 que más recursos recibió (SHCP 2021b) .
“la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel”.
La Figura 3.7 muestra que estos recursos se destinaron, durante 2018 y 2019, principalmente, para la asistencia social (62.9% del total) e infraestructura física en todos sus niveles (37.1%). Del FAM , el Estado de Yucatán obtuvo 272.3 mdp (2.2% del total) en 2021, siendo el estado número 18 que más recursos recibió (SHCP 2021b) .
La Figura 3.8 muestra que estos recursos se destinaron, entre 2018 y 2019, principalmente, a agua potable (14.8% del total), mejoramiento a la vivienda (25.6%) y urbanización (18.1%). Del FAIS , el Estado de Yucatán obtuvo 1,828.3 mdp (2.2% del total) en 2021, siendo el estado número 13 que más recursos recibió (SHCP 2021b) .
En Yucatán, se han establecido cobro de derechos y descuentos en impuestos que inciden en la transición energética. Éstas están contenidas, principalmente, en la Ley General de Hacienda (Congreso del Estado de Yucatán 2022) y en la Ley de Protección al Medio Ambiente (Congreso del Estado de Yucatán 2021) .
Adicionalmente, la Ley General de Hacienda estatal también estipula un estímulo para aquellos contribuyentes que demuestren una disminución equivalente al 20% de emisiones emitidas en el ejercicio fiscal anterior. Dicho estímulo será una reducción igual al 15% del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal actual.
El artículo 13 de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán ((2021) ) establece que quienes realicen actividades que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente estarán obligados a prevenir, minimizar o reparar los daños que causen, así como asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, se incentiva a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales37. Asimismo, en su artículo 82-A, se menciona que también se pagarán derechos por el uso o aprovechamiento de los elementos naturales terrestres o acuáticos, sujetos al régimen de dominio público del Estado de Yucatán existentes dentro de las áreas naturales protegidas, derivado de toda actividad turística, deportiva o recreativa. Los ingresos obtenidos por esta recaudación de derechos se destinan a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para la protección, conservación, manejo, restauración y aprovechamiento sustentable de las áreas naturales protegidas.
La identificación de mejores prácticas resulta relevante para destacar herramientas fiscales y para establecer procesos que permitan impulsar la transición energética en México. Los países a los que a continuación se hacen referencia fueron pioneros en la introducción de metas de transición energética y en la implementación de instrumentos tributarios hacia este fin.
La IEA 39 publicó su primera hoja de ruta hacia un mundo de cero emisiones netas para el año 2050 (IEA 2021c) . Su motivación surge por el creciente número de países y compañías con planes de alcanzar cero emisiones netas en las próximas décadas. Este reporte incluye guías para los gobiernos, empresas, inversionistas y el público en general; todo lo que se necesita para descarbonizar al sector energético y disminuir las emisiones de GEI .
La IEA identifica que la transformación del sistema energético global requiere de una fuerte expansión en la inversión y un amplio desplazamiento hacia donde el capital es dirigido. En este sentido, el reporte establece que no se requieren de nuevas exploraciones, ni de nuevos campos petroleros y de gas natural, más allá de las actualmente aprobadas para desarrollo y explotación. Tampoco se requieren de nuevas minas de carbón ni extensiones de estas.
El financiamiento directo del gobierno es necesario para promover y fomentar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura y acelerar la innovación tecnológica que aún está en fase de desarrollo (IEA 2021c) . En países en desarrollo, éstos a menudo dependen del financiamiento público y de políticas que aseguren un flujo predecible de proyectos financiables, los cuales tienen un rol importante en estimular la inversión privada, así como de la ampliación del financiamiento concesional40. La amplia reducción en el consumo de combustibles fósiles requerida para lograr un mundo de cero emisiones netas implica que los gobiernos que reciban ingresos del sector de hidrocarburos reformen sus sistemas fiscales con visión a largo plazo (IEA 2021c)
Para la IRENA 41, la transición energética implica de grandes inversiones iniciales para acelerar el despliegue de tecnologías renovables, la electrificación masiva del transporte, la expansión de productos de calefacción y enfriamiento y la infraestructura necesaria para proyectos de larga escala (como el hidrógeno verde). Asimismo, la entrada de fuentes de energía variables necesita redes de transmisión robustas. Por lo tanto, la IRENA (2021) señala que la actualización y expansión de la infraestructura física es una parte integral de la transición energética y que el financiamiento público debe utilizarse para atraer inversión privada.
Para atraer los flujos de inversión necesarios para la transición energética, en el corto y mediano plazo, los gobiernos deben implementar las metas de energía limpias y renovables y de eficiencia energética dentro de un marco holístico, donde mecanismos de mercado y medidas regulatorias se combinen con políticas financieras y fiscales (tales como incentivos tributarios, subsidios y subvenciones, además del financiamiento concesional) para tecnologías de energía renovable y sistemas energéticos integrados (IRENA 2021) .
El financiamiento público juega un papel clave para atender las externalidades, compartir riesgos e incentivar la inversión privada donde es requerida. Por esto, es relevante tener alianzas entre los gobiernos con instituciones privadas para el otorgamiento de créditos concesionales, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y energías renovables (IRENA 2021) .
Otro elemento relevante es el desarrollo de capacidades en las instituciones públicas desde la política fiscal, destinando gasto público en capacitación para el personal de las dependencias de gobierno, en particular a quienes gestionan y operan los sistemas energéticos (IRENA 2021) . El fin es que tomadores de decisión y personal técnico fortalezcan sus capacidades técnicas y de gestión en las distintas áreas de energías renovables y eficiencia energética, permitiéndoles estar mejor preparados para proponer, diseñar, desarrollar e implementar medidas y programas, así como atender los retos que la transición energética implica.
La introducción de tecnologías con alta eficiencia energética puede apoyarse con la política fiscal a través del otorgamiento de incentivos tales como esquemas impositivos preferenciales, subsidios o descuentos (IRENA 2021) .. La adopción de tecnologías más eficientes también puede acelerarse por medio del incremento de la demanda agregada surgida a través de adquisiciones públicas.
Con respecto al transporte, sector responsable de casi un cuarto de las emisiones de gases de GEI , se recomienda que los gobiernos adopten un enfoque de medidas “evitar-desplazar-mejorar” (IRENA 2021) :
Alemania tiene una estrategia nacional de transición energética llamada Energiewende. Esta tiene como propósito el cierre gradual de las plantas nucleares a finales de 2022, transformar el sistema energético para que dependa fuertemente de fuentes de energía renovables; logrando una matriz energética con una participación del 60% de energías renovables; y mejorar la eficiencia energética, para reducir las emisiones de GEI por 80-95% en el año 2050 (Comisión Europea 2018) . Las medidas de política incluyen una amplia variedad de programas de financiamiento y medidas regulatorias.
El modelo de financiamiento está basado en un presupuesto gubernamental desembolsado por distintas secretarías federales y un fondo específico climático y energético: el fondo climático alemán. Además de este presupuesto, el Banco de Desarrollo Alemán, propiedad del gobierno, ofrece bajas tasas de interés a programas que aceleren la transición a energías renovables y mejoras de la eficiencia energética43. Este banco financia numerosos proyectos en áreas tales como granjas eólicas, construcción y renovación de edificios energéticamente eficientes, inversiones municipales e innovaciones tecnológicas (Hake et al. 2015) .
Una de las características más relevantes de la estrategia alemana para incentivar el desarrollo de energías renovables ha sido el esquema de tarifas fijas eléctricas (feed in tariffs)44 (Council, W. F. 2022) . Este esquema de tarifa fue introducido por primera vez en 2000 y ha sido reformado a través de los años con el fin de adaptarlo al continuo estado de desarrollo de las energías renovables en todos los sectores. Algunas de las principales características del esquema de tarifas fijas son:
Las tarifas fijas aseguran el retorno de la inversión y el apoyo financiero a todas las fuentes de energía renovable, lo que le permitió a Alemania incrementar la proporción de estas energías al consumo eléctrico (futurepolicy.org). El marco regulatorio que acompañó a esta medida permitió a la población invertir en este tipo de proyectos. Como resultado, la mayor parte de la infraestructura de energía renovable es propiedad de individuos y cooperativas (futurepolicy.org).
Comparado con 1990, en 2020, las emisiones de GEI en Alemania fueron 40.8% inferiores, rebasando la meta establecida de 40%. En este sentido, todos los sectores económicos, exceptuando el de la construcción, consiguieron sus metas. Lo anterior debido a que los efectos de las políticas destinadas a sustituir energías fósiles con energías renovables se combinaron con un clima templado, pero también con la reducción en la movilidad y la actividad económica producto de las medidas de confinamiento para contener la propagación de la COVID-19 (Clean Energy Wire 2021a) . Sin embargo, a medida que la actividad económica se recupera, se estima que las emisiones también lo hagan y que algunos sectores no cumplan con sus metas (Clean Energy Wire 2021b) .
En Alemania, la estrategia de descarbonización ha sido criticada debido a sus altos costos. Sin embargo, los desarrollos recientes en tecnologías renovables que se traducen en menores costos para la generación de energía eólica y solar deberían ayudar a disminuir esas críticas. Asimismo, la transformación del sistema energético ha traído también mayor empleo e inversiones (Anadolu Agency 2021) . De igual forma, los recursos dirigidos a investigación y desarrollo en el campo de energías renovables han reducido la cantidad de recursos destinados a la importación de volúmenes de hidrocarburos (Anadolu Agency 2021) .
Francia ha introducido una estrategia de política energética para la transición energética y el crecimiento verde hacia 2030. Dicha estrategia, llamado Acta de Transición Energética para el Crecimiento Verde, entró en vigor en 2015, y plantea distintas metas entre las cuales están la reducción, con respecto a 2012, del consumo energético final en 20% para 2030 y 50% en 2050 y una reducción del consumo de energías fósiles en 30% para 2030 (Council, W. F. 2016)
Además de los objetivos principales, la Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde incluye políticas propuestas y estrategias para sectores clave, los cuales incluyen la construcción, el transporte, los residuos, la economía circular, energías renovables y seguridad nuclear, y apoya un enfoque colaborativo entre gobierno, sociedad civil y autoridades locales. El gobierno estimula financieramente, con aumentos en el presupuesto público, las actividades en la transición energética en territorios que presentan el mejor rendimiento en transición energética, destacando los siguientes mecanismos y políticas públicas45 (IEA 2016) :
Las emisiones de GEI provenientes del sector energético en Francia registraron una reducción del 13% con respecto a 2009. Las emisiones de los sectores de generación de electricidad y construcción tuvieron los mayores decrementos, pues redujeron sus emisiones en 29% y 28.5%, respectivamente. Sin embargo, después de una reducción en el sector de la construcción y en la generación de electricidad en 2014, las emisiones del sector energético se han mantenido relativamente estables en años recientes (Agencia Internacional de Energía 2022) .
Francia no fue capaz de conseguir los objetivos de reducciones de su primer presupuesto de carbono en el periodo 2015-2018. Esto debido a que las emisiones del sector transporte aumentaron a una tasa de 1% anual entre 2015 y 2018, mientras que los objetivos era que este sector disminuyera sus emisiones a una tasa de 2.2% anual. Sin embargo, el efecto de las medidas de confinamiento y el descenso de la actividad económica en 2020 han permitido que el país sí cumpla con su presupuesto de carbono establecido para estos años. No obstante, no ha ocurrido un cambio estructural en el sistema, por lo que IEA estima que las emisiones se incrementen durante la recuperación económica postpandemia.
El estado de California, Estados Unidos, destaca porque ha logrado una penetración sustantiva de energías renovables a su red de generación eléctrica. En 2008, el estado estableció la meta de alcanzar, en 2020, 33% de energía renovable como proporción de la generación a gran escala51; esta meta se alcanzó en 2018. La meta actualizada es tener 60% de energía renovable en 2030 y una generación libre de carbono en 2045 (Comisión Energética de California 2021) .
California participó en un esquema federal de estímulos fiscales desde que se estableció en 1978 por el Congreso de los EUA y que se ha renovado periódicamente bajo diversas reglas y porcentajes (Chacón, D. 2020) . En el caso particular de la energía fotovoltaica, la compra de equipos ha tenido deducciones impositivas que van desde el 10% hasta el 30%, y con plazos de vencimiento que se han ido ampliando. Actualmente, la exención impositiva se ha alargado hasta 2024.
California se considera, junto con Alemania, pionero en la generación distribuida (Rechsteiner 2020) . Los apoyos a este esquema se han ido modificando conforme la evolución de las tecnologías renovables. Dichos apoyos se han enfocado en facilitar las aportaciones de capital iniciales para este tipo de tecnologías. Además, existen otros estímulos que promueven la generación distribuida a través de reglamentos y leyes. Por ejemplo, a partir de 2020, es obligatorio que las nuevas viviendas con altura menor a cuatro pisos instalen techos solares. Si bien la medida aumentaría los costos de hipotecas por 40 dólares, se encuentra que los ahorros en electricidad pueden ser de hasta 200 dólares en el mismo periodo, por lo que la medida es costo-efectiva (Chacón, D. 2020) .
Otra política que contribuyó al crecimiento de las instalaciones solares y a la reducción de los precios de estas fue la aplicación de programas de incentivos diseñados para cada tipo de hogar, los cuales proveieron apoyo financiero a través del estado. Por ejemplo, la agencia regulatoria de servicios públicos en California, CPUC, administró un programa de mercado general para construcciones residenciales y comerciales, y dos programas para usuarios de ingresos bajos (Energy Information Administration 2022) . Los programas fueron diseñados para atender las necesidades específicas de los hogares nuevos versus los existentes, multifamiliares y proyectos de casa accesibles. Asimismo, los programas establecieron estándares para equipos fundacionales para todos los programas y listas para el mantenimiento de equipos.
Durante 2021, el estado de California fue el segundo estado de Estados Unidos, después de Texas, con la mayor generación eléctrica proveniente de energías renovables, incluyendo generación distribuida. California es el principal productor de energía solar, geotérmica y biomasa. El estado también es el cuarto mayor productor de energía hidroeléctrica y el sexto en energía eólica (California Energy Commission 2021) . Las metas de generación eléctrica renovable se han cumplido antes del plazo establecido, pues en 2021, se obtuvo una generación renovable del 36%, mientras que la meta planeada era 33%. Existen 628 mil coches eléctricos en el estado y se han desplegado 21,200 estaciones de carga (electrolineras). Asimismo, las emisiones de GEI han disminuido 20% con respecto a 1990.
Costa Rica promulgó en 2018 un Plan Nacional de Descarbonización a 205052. Las acciones se presentan en 10 ejes sectoriales con paquetes de políticas en tres periodos53 y ocho estrategias transversales para potenciar el cambio. Entre las estrategias transversales, se incluye una reforma fiscal verde y una estrategia de financiamiento y atracción de inversiones54 (Gobierno de Costa Rica 2018) .
La reforma fiscal verde se centra en la identificación de nuevas fuentes de ingreso con el fin de sustituir los ingresos públicos por ventas de gasolinas y automóviles, dentro de un enfoque de gravar las externalidades del uso de la energía. Esto será un paso previo a la electrificación masiva de la flota de vehículos ligeros y para fijar un precio al carbono (Gobierno de Costa Rica 2018) .
Se contempla que el precio al carbono inicie la reforma fiscal verde y que éste irá en aumento conforme pase el tiempo55. Asimismo, dicha reforma contempla el análisis integral del sistema impositivo con el fin de consolidar un proceso de incentivos y tributos con objetivos de descarbonización. También se contempla eliminar paulatinamente los esquemas de subsidios a los combustibles fósiles56.
La estrategia de financiamiento y atracción de inversiones se enfoca en diseñar modelos de promoción de alianzas público-privadas57 e ingeniería financiera que apoyen las acciones y proyectos prioritarios. También se plantea alinear los esfuerzos de cooperación internacional con los de inversión pública y fondos privados (Gobierno de Costa Rica 2018) . Las acciones incluyen estrategias de acceso a financiamiento de las facilidades climáticas, trabajo con organismos binacionales y multilaterales, fondos de inversión y sistemas financieros.
Asimismo, la estrategia contempla el diseño de esquemas de atracción de inversión extranjera directa en áreas clave como movilidad eléctrica, digitalización, centros de datos, economía circular, ciudades inteligentes y agricultura sostenible. Como parte de las acciones prioritarias destacan: la consolidación de un portafolio de inversiones para la NDC , diseñar un plan de atracción de inversiones para descarbonización y resiliencia, herramientas para facilitar el alineamiento y la priorización del sistema de inversión pública con los proyectos de claves, consolidar el acceso al financiamiento climático, y analizar la viabilidad de fondos o esquemas financieros innovadores (Gobierno de Costa Rica 2018) .
El Plan Nacional de Descarbonización consta de tres etapas: cimientos (2018-2022), inflexión (2023-2030) y normalización del cambio o despliegue masivo (2031-2050). Con respecto a las metas relativas a cimientos, durante el periodo de 2020, se logró completar el 25% de las metas contempladas para 2022 y se cuenta con 91% de las metas iniciadas con “grandes avances hacia su cumplimiento” (Gobierno de Costa Rica 2022) .
Al cierre del año 2021, se han logrado completar el 61% de las metas planteadas para el periodo 2018-2022 del Plan Nacional de Descarbonización, el 22% de las metas están en marcha y planificadas para finalizar en el transcurso del 2022. Solamente un 17% se categorizan con riesgo de incumplimiento. Se estima que para el cierre del 2022, el 83% de las metas se habrán completado (Gobierno de Costa Rica 2022) . Durante los años 2018 y 2019, Costa Rica redujo un total de 93 mil 583 toneladas de CO2 equivalente. En 2019, las reducciones de GEI fueron 6 veces más grandes que las reducciones en 2018 (Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático 2022) .
En el contexto nacional, ya existen iniciativas de impuestos verdes, como las propuestas por el Gobierno de Nuevo León (2021) , donde se propone gravar distintas actividades a una tasa de 2.79 cuotas58 por cada tonelada o fracción de partícula contaminante, además de incentivar con reducciones tributarias a quienes incorporen procesos verdes a sus procesos industriales. También es posible aprovechar los residuos sólidos para generación energética59.
Respecto al financiamiento de medidas que promuevan la transición energética, la Ciudad de México realizó un análisis de alternativas legales para la contratación de sistemas de energía solar por medio de SFVGD . Este análisis sirvió para identificar la mejor manera de financiar paneles solares para su implementación en edificios públicos. Esta metodología sirve para encontrar alternativas para la implementación de otros proyectos de eficiencia energética, como un sistema de alumbrado público eficiente (GIZ and SEDECO 2020) .
En cuanto a la transformación dentro de la cadena energética, la AMIF menciona que existen barreras de entrada regulatorias y financieras al mercado de generación distribuida. Se identificó que el 41% de empresas identifican los procesos y trámites de interconexión como una de las barreras regulatorias más comunes. Además, 25% considera que el límite de 500 kWp limita el crecimiento de este mercado. Por otro lado, 43% de las empresas expresó que las tasas de interés son una limitante para la inversión en generación distribuida, ya que no hay programas financieros que favorezcan la instalación de estos sistemas (AMIF et al. 2021) .
Adicionalmente, se identificaron cinco prácticas que incentivan la transición energética que ya están siendo aplicadas en Ciudad de México:
Dentro del Código Fiscal de Ciudad de México, se especifica que el ISN puede estimular la reducción de contaminación y el aprovechamiento de residuos60. Así, las personas físicas o morales que reutilicen los residuos generados durante el proceso productivo o que cuenten con programas comprobables de disminución de emisión de GEI pueden recibir descuentos de hasta el 40% dependiendo del porcentaje de residuos que reprocesen o de la adaptación de condiciones de operación, respectivamente (Gobierno de la Ciudad de México 2021) . En caso de gravar las emisiones de GEI , es necesario considerar las implicaciones redistributivas, puesto que podrían resultar regresivos para los hogares con menores ingresos. Esto dependerá de la elasticidad precio de la demanda de cada bien o producto para determinar quién terminaría por absorber el costo de dicha medida fiscal (Köppl and Schratzenstaller 2021) .
Finalmente, en Ciudad de México, dentro del Código Fiscal, se estipula a la tenencia como el principal impuesto vehicular dentro de la capital61. Este impuesto da un tratamiento diferenciado a los vehículos dependiendo de si funcionan con gasolina, diésel, híbridos o si son eléctricos. Los automóviles y las motocicletas, nuevas o usadas, que funcionan con energía eléctrica quedan exentas de pagar este gravamen. También es obligatoria la verificación vehicular para cualquier vehículo de combustión interna que esté registrado en la entidad. En este sentido, debe pagarse una cuota por el holograma de verificación vehicular relativa a la emisión de GEI (Gobierno de la Ciudad de México 2021) .
Con el fin de conocer más acerca de las medidas fiscales que impactan a la transición energética en el Estado de Yucatán, se elaboró una investigación cualitativa mediante el desarrollo de una serie de entrevistas. Éstas se realizaron a cinco actores clave:
A continuación, el capítulo se divide en medidas fiscales federales, medidas fiscales locales y en la efectividad e impacto de las mismas.
Los entrevistados identificaron la deducción del 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente, expresada en el artículo 34 de la Ley del ISR . Esto se puede aprovechar para impulsar la creación de parques eólicos o la instalación de paneles fotovoltaicos. Entre otras medidas identificadas, se encuentra el cobro del ISAN y las hipotecas verdes a través de créditos del INFONAVIT .
Por un lado, la impresión es que a lo largo de los años estas medidas se han fortalecido por la necesidad de cumplir con las metas establecidas para el uso de energías renovables, lo cual impulsó la modificación de distintas leyes. Por otro lado, se percibe un bajo compromiso del país con la transición energética, ya que no se observa que el país se acerque a cumplir con sus metas planteadas para el uso de energías renovables, ni una participación preponderante de México en los acuerdos a los que está suscrito.
Los actores plantean que, como cada vez se tiene más conciencia sobre la transición energética, para garantizar la sostenibilidad de las medidas fiscales que promuevan dicha transición, es necesario el trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno. Se recomienda la generación de un organismo autónomo que revise, regule y garantice la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las acciones relacionadas a la transición energética.
Adicionalmente, se mencionó que en Yucatán hay un impulso fuerte a la incorporación de energías renovables, tanto a nivel macroproyectos por la generación de parques eólicos y fotovoltaicos, como a nivel de casa habitación, pequeñas y microempresas. A estas últimas, los apoyos fiscales que se podrían aplicar son los programas del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) o a través de algunos apoyos para la eficiencia energética de este tipo de empresas. Otras medidas referidas por los actores entrevistados son las siguientes:
Además, los entrevistados realizaron las siguientes recomendaciones a los gobiernos subnacionales:
El análisis de las entrevistas identifica distintos retos en la aplicación y la sostenibilidad de las medidas fiscales en Yucatán. Principalmente, se mencionó que la situación respecto a los incentivos fiscales en el estado se ha desarrollado parcialmente, ya que a nivel estatal no existen precisamente incentivos fiscales, sino proyectos y programas que se desarrollan. Entre otros retos mencionados se encuentran los siguientes:
Finalmente, no se mencionó el gravamen sobre emisiones contaminantes del Estado de Yucatán, promulgado en enero 2022; sin embargo, se reconoció como buena práctica los impuestos verdes de Nuevo León y Jalisco. Se mencionó que la implementación de estos serviría no sólo para sancionar a quienes más contaminan sino también para beneficiar fiscalmente a quienes utilicen energía de manera limpia y eficiente.
Para considerar como efectivas las medidas fiscales, se debe tomar en cuenta su reconocimiento, impacto, difusión y sostenibilidad. Dichas medidas deben de ser de conocimiento del usuario final para incentivar el uso de energías limpias. En cuestión ambiental, la promoción de la eficiencia y sustentabilidad energética sirve para reducir el consumo de hidrocarburos como la principal fuente de energía en nuestro país y reducir la emisión de GEI . En cuestión económica, el uso de energías limpias resulta una inversión de mediano plazo para la población62. En cuestión social, en el largo plazo, la calidad de vida para la población aumentará, gracias a la reducción de la contaminación, así como también es probable que la industria perteneciente a la transición energética se desarrolle y genere nuevos empleos63. No obstante, aunque las medidas pueden incluir beneficios a la salud derivados de una menor contaminación, así como menores impactos ambientales, también se mencionó que el desarrollo de los proyectos pueden representar altos costos sociales, como desplazamientos de comunidades (Carnero 2017; Muñoz, Cossette, et al. 2020) .
La transición energética se desenvuelve dentro de un contexto que enfrenta retos locales, nacionales y globales. Además, está sujeta a una serie de incentivos y/o limitaciones que el marco fiscal y la legislación vigente crean en los diferentes agentes económicos de los sectores sociales, privados, públicos y académicos. Las economías subnacionales, si bien son heterogéneas en cuanto a sus características y, por lo tanto, en su potencial de aprovechamiento energético, requieren atender, analizar y cuantificar los impactos de las diferentes alternativas de promoción fiscal mediante metodologías de monitoreo y evaluación, así como a través de adaptar las mejores prácticas a la situación local.
En este contexto, el sector energético juega un rol fundamental en la reducción de los GEI y en el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Por ello, es necesario optimizar la forma en que se aprovechan los insumos primarios (e.g. leña, petróleo, radiación solar), cómo se transforman en electricidad (o a otra fuente de energía secundaria) y de consumirla de manera eficiente y limpia.
Una incidencia pública planificada, por tipo energía y en los sectores con mayor potencial de aprovechamiento, incentivarían al resto de los agentes económicos a comprometerse con las políticas nacionales y locales en temas de movilidad y transporte, construcción y urbanización, alumbrado público y seguridad, así como el manejo de residuos urbanos e industriales. Lo anterior, para transitar hacia energías más limpias y amigables para la salud humana y el ecosistema.
En 2017, los combustibles fósiles representaron 93% de la energía primaria total consumida en México, mientras que la participación de las energías limpias en la generación de electricidad fue de 27.5% (Kühne 2019; CIEP 2022) . En este contexto, se podría impulsar la eficiencia energética en la tecnología de bombeo de agua, con calentadores solares en hospitales y hogares, aprovechando la radiación solar. Además, se pudieran sustituir sistemas de iluminación en edificios de la administración pública, hospitales, centros de reinserción social y escuelas a través de la adquisición de luminarias LED, así como en el alumbrado público (Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo 2021) .
Durante el proceso de las entrevistas, se resaltó la importancia de una legislación local efectiva que, independientemente de las variables políticas:
En este mismo sentido, se advirtió sobre la importancia de tener procesos de monitoreo y evaluación sobre las medidas fiscales implementadas para promocionar la transición energética, entendiendo que los beneficios ambientales son de largo plazo (a diferencia de los sociales y económicos que pudieran ser inmediatos). Dentro de los comentarios, se encontraron recomendaciones sobre:
En el contexto anterior, los Principios de Ecuador son el estándar para identificar, evaluar y gestionar los riesgos sociales y ambientales67 derivados de grandes proyectos68. Adicionalmente, la Evaluación de Impacto Social de la SENER es el documento que contiene la identificación de pueblos en el área de influencia de un proyecto, así como la caracterización, predicción y valoración de las consecuencias que podrían derivarse, medidas de mitigación y planes de gestión social. Por lo tanto, los temas sociales son centrales para la transición energética69.
Respecto a las políticas de ingreso, los impuestos federales (IEPS a gasolinas y diésel, IEPS al carbono e ISAN ) contribuyen a la transición energética al desincentivar el uso y consumo de los productos a los que gravan. La recaudación por estos conceptos representó el 6.6% de la recaudación total en 2021. En lo que se refiere al gasto público, los recursos para financiar los instrumentos de planeación federal para la transición energética están plasmados dentro del PEF , en el Anexo Transversal Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios. Este gasto representó 0.14% del PEF en 2021 y está distribuido en 9 unidades responsables (donde la CFE concentra 94.4% de los recursos).
Acerca del gasto federalizado, en el Estado de Yucatán, el 88.7% de sus ingresos disponibles provinieron de esta fuente de recursos, siendo el número 17 con mayor dependencia federal durante 2021. Algunos destinos de los fondos de aportaciones podrían destinarse a acciones de inversión en infraestructura pública que promuevan la transición energética. Adicionalmente, dado que los estados pueden disponer libremente de las participaciones, parte de éstas podrían reorientarse para aprovechar los recursos solares, eólicos, geotérmicos o bioenergéticos en el estado.
Dentro de los ordenamientos locales, en Yucatán, se identificaron impuestos ambientales, cobro de derechos, descuentos en impuestos prediales, cobros por la elaboración de proyectos entre otras medidas fiscales, que inciden en la transición energética. Por un lado, se identificó un impuesto ambiental que grava las emisiones contaminantes a la atmósfera; incluso, la Ley de Hacienda contempla beneficios para quienes acrediten una reducción 20% de sus emisiones inmediatas anteriores. Por otro lado, se establece el cobro de derechos por estudios de impacto ambiental, resoluciones para obtener la factibilidad urbana ambiental, aprovechamiento de elementos naturales dentro de áreas naturales protegidas o pagos relacionados a la prevención, minimización o reparación de daños ambientales. Por último, se identificaron incentivos de transición energética en el impuesto predial para el municipio de Mérida; sin embargo, no se identificaron incentivos dentro de las leyes relacionadas al ISN e impuestos vehiculares, además de la verificación vehicular. Para Yucatán, la recaudación local, como porcentaje del PIB estatal 2018, se distribuyó de la siguiente manera:
Estos recursos representaron el 50.7% de la recaudación local total del estado. Por ello, la aplicación de incentivos fiscales para la transición energética a través de descuentos sobre dichos impuestos locales podría representar un riesgo para la sostenibilidad fiscal, pues implica una reducción de uno de sus principales ingresos. Sin embargo, la transición hacia el uso de energías limpias y renovables conlleva beneficios para el bienestar y el desarrollo sostenible. El uso de estas energías, además de tener costos externos de salud y climáticos inferiores a los de los combustibles fósiles, favorecen el acceso a la electricidad a bajo costo, por lo que pueden contribuir a reducir la pobreza energética (Kühne 2019) .
Finalmente, existen medidas internacionales y nacionales, catalogadas como “mejores prácticas”, que podrían ser adaptadas e implementadas en el Estado de Yucatán, considerando las diferencias, necesidades y normatividad del mercado eléctrico. Éstas pueden categorizarse a nivel supranacional (agencias internacionales) y a nivel gobiernos nacionales y subnacionales. Las recomendaciones de estas prácticas incluyen tener metas ambientales, mantener cambios estratégicos para asegurar el financiamiento y objetos de gasto en temas de interés. Asimismo, se incorporan estrategias para asegurar el financiamiento como:
Una política exitosa replicable para los gobiernos subnacionales podría ser el apoyo a la generación distribuida mediante el diseño de mecanismos de financiamiento para cada tipo de hogar y para las MiPyMEs , tal como se realizó en California y en la Ciudad de México con Ciudad Solar y el Programa de Residuos Sólidos. No obstante, el conocimiento local de las características de las viviendas es un insumo central para el diseño de estos instrumentos. De igual forma, el establecimiento de estándares para la instalaciones de equipos y proveedores de mantenimiento otorgaría certeza a los usuarios sobre el retorno de su inversión.
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