El Consejo de Ministros ha recibido informe del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acerca de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea en 2023.

El informe se estructura en torno a los siguientes ejes:

Previsiones del programa de trabajo

Desde finales de 2021 España está definiendo su programa de trabajo para la Presidencia del 2023.Dicho programa se articulará alrededor de los ejes de trabajo de la Unión establecidos por la actual Comisión Europea: la Transición Ecológica, la Transformación Digital y el Pilar Social de la Unión.

También se abordarán las respuestas a la crisis migratoria, el COVID o la guerra de Ucrania.

Otros asuntos esenciales serán la autonomía estratégica, la seguridad energética y el pacto sobre migración y asilo.

En definitiva, el programa de trabajo se apoyará en el decálogo de grandes líneas que el Presidente del Gobierno enunció en su intervención con motivo del Día de Europa.

Los principales objetivos del programa de trabajo ya se pueden esbozar y son:

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto de subvención directa a los municipios del entorno del Mar Menor con ayudas por importe de 20 millones de euros para que acometan intervenciones de mejora en sus respectivas redes de saneamiento y en los tratamientos de depuración de aguas residuales de sus núcleos de población. Las subvenciones se encuadran dentro del Marco de Actuaciones para recuperar el Mar Menor (MAPMM) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los municipios beneficiarios de las subvenciones son los ocho que vierten a la albufera: San Javier, Los Alcázares, Cartagena, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, Murcia, Torre Pacheco y La Unión. Suman entre todos más de 180.000 habitantes censados y su población casi se duplica en épocas vacacionales. Todos ellos, en distinta medida, presentan significativos problemas en la gestión diaria de sus redes de saneamiento, que aumentan en los días de lluvia y, más aún, en episodios de fuerte precipitaciones.

Dado que el ecosistema lagunar ha perdido su capacidad de regulación, es esencial disminuir al máximo los vertidos de contaminación y nutrientes que llegan a la laguna, cualquiera que sea su fuente, por lo que es esencial implantar de manera urgente las actuaciones de mejora de las redes de saneamiento, entre otras muchas previstas en el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor.

El objetivo de las ayudas directas aprobadas es agilizar los plazos y procedimientos por razones de interés general, para contribuir a reducir la carga contaminante que acaba depositándose en el Mar Menor como consecuencia de un deficiente tratamiento de las aguas residuales.

Reparto geográfico y poblacional

El importe total de las subvenciones contenidas en el real decreto se repartirá entre los beneficiarios atendiendo a la presión que ejercen sobre la laguna según criterios geográficos y de población, de la siguiente manera:

Las actuaciones subvencionables incluyen la mejora, rehabilitación o construcción de nuevos elementos de los sistemas de saneamiento, mejora en los tratamientos de depuración en núcleos aislados mediante técnicas de bajo coste o conexiones con las redes ya existentes. También pueden recibir ayudas los proyectos de levantamiento cartográfico, inspecciones, modelización y monitorización de los actuales sistemas de saneamiento.

El importe de la subvención se abonará de manera inmediata con cargo al presupuesto del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia. Las intervenciones podrán ser ejecutadas directamente por los ayuntamientos o bien por las entidades operadoras de la gestión de servicios de saneamiento y depuración en los respectivos términos municipales. Tanto en un supuesto como en otro, las obras tendrán un plazo de ejecución de 36 meses con carácter general.

Coordinación entre administraciones

El diseño de las ayudas se ha efectuado en coordinación con los ayuntamientos beneficiarios, a los que pedimos que identificaran las necesidades más urgentes en esta materia.

El real decreto aprobado forma parte de la línea de actuación nº4, 'Gestión de riesgos de inundación y actuaciones de reducción de la carga contaminante' del MAPMM dotado de un presupuesto de 182 millones de euros. Se trata de la segunda mayor partida, después del capítulo dedicado a la restauración y mejora ambiental de la cuenca del Mar Menor con medidas como la creación de un cinturón verde, renaturalización de ramblas, conectividad en la red de drenaje y otras, con un presupuesto estimado de 228 millones.

La recuperación ambiental del Mar Menor es una prioridad para el Gobierno. El estado de eutrofización y degradación de este extraordinario ecosistema después de décadas de vertidos contaminantes procedentes de la agricultura ultraintensiva y de otros factores como la actividad minera, ganadera o la saturación urbanística, se hizo patente en el episodio de anoxia y mortandad de la fauna lagunar de agosto de 2021. Menos de tres meses después el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico puso en marcha el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor.

Dotado con 484,4 millones de euros de 2021 a 2026, es el mayor esquema de actuaciones e inversiones destinadas a la regeneración ambiental de un enclave concreto en España. En estos momentos hay comprometidos y en ejecución más de 82,2 millones de euros que incluyen actuaciones de ordenación del dominio público hidráulico, bio restauración ambiental del perímetro de la laguna, en saneamiento, depuración y gestión del riesgo de inundaciones para reducir el aporte de contaminantes, entre otras muchas.

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el servicio de recepción, almacenamiento, aditivación y distribución del combustible Jet A-1 para su entrega al Ejército del Aire y del Espacio como combustible JP-8, en Península y Baleares, por un valor estimado de 12.462.803,40 euros.

El acuerdo marco sustituirá al vigente, y dará cobertura a las necesidades del Ejército de Aire y del Espacio relacionadas con el combustible de aviación.

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación para la fabricación de tres embarcaciones patrulleras de altura con destino a la flota naval del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por un valor estimado de 16.362.000 euros.

Estas tres nuevas embarcaciones se suman al acuerdo aprobado en julio de 2022 por el que se autorizaba la fabricación de ocho patrulleras interceptadoras destinadas a Aduanas en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (IIEE)) de la Agencia Tributaria realiza, a través de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, la represión del contrabando mediante patrulla marítima en las costas españolas, entre otras tareas.

Para poder desarrollar esta actividad y alcanzar los objetivos establecidos es imprescindible disponer de embarcaciones dotadas de los medios técnicos adecuados para mantener la operatividad de la flota.

Siguiendo con la renovación de la flota del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, que comenzó con la recepción del buque 'Cóndor' el pasado año, y con la contratación de ocho interceptadoras aprobada el pasado mes de julio, está prevista la licitación para construir tres nuevos patrulleros de altura que permitirán al Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) continuar con su labor de patrulla y control de tráficos ilícitos dentro de las aguas de jurisdicción española.

La flota del Departamento de Aduanas e IIEE está compuesta fundamentalmente por cuatro tipologías: los Buques de Operaciones Especiales, que operan en aguas oceánicas trabajando fundamentalmente en la represión del contrabando procedente de América y el centro de África; los patrulleros de altura, que patrullan cerca de la costa pero con posibilidad de navegar hasta más allá de las 300 millas; las interceptadoras, que son patrulleras de alta velocidad para la persecución y detención de planeadoras y gomas que intentan introducir bienes ilícitos en las costas españolas; y finalmente las fuerabordas de alta velocidad para sorprender y perseguir a los traficantes.

Las tres nuevas unidades, con esloras en torno a 32 metros, sumadas al buque 'Cóndor', supondrán una renovación de la flota de patrulleros de altura superior al 25%.

Al igual que las interceptadoras, estarán dotados con sistemas de última generación, asegurando un adecuado comportamiento en la mar y una permanente coordinación con los otros medios disponibles. La construcción se realizará teniendo como base la consecución de los objetivos de servicio marcados, tomando siempre como punto de partida la seguridad para las tripulaciones de funcionarios embarcadas.

Esta actuación supondrá, por tanto, la mayor modernización de la flota del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) desde principios del presente siglo.

Los patrulleros de altura se construirán de acuerdo con la trayectoria e historia del SVA, que, con más de 50 años de experiencia patrullando las costas españolas, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, desarrolla unos modelos de patrulleras cuyo diseño y funcionalidad ha sido tomado como referencia por otros organismos nacionales e internacionales.

El Consejo de Ministros ha acordado modificar las condiciones de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para financiar, por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la compensación al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por los costes de ejecución de garantía y gastos de gestión y administración incurridos por la línea de financiación aprobada para atender a los afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

El real decreto-ley 12/2019 estableció un conjunto de medidas urgentes para paliar los efectos en el sector turístico de los procedimientos de insolvencia del grupo Thomas Cook. Entre las medidas aprobadas, se aprobó una línea de financiación de hasta 200M€ para atender las necesidades financieras de los afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

El presente acuerdo de elevación de límites actualiza las autorizaciones de compromisos futuros aprobadas anteriormente.

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites en 2022 para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con el objetivo de que el Ministerio de Política Territorial pueda llevar a cabo un reajuste de anualidades de los contratos de obras para la rehabilitación del Palacio de Villamejor, en Madrid, y el contrato de servicios de asistencia técnica para la dirección de las obras en la sede del citado ministerio.

El pasado mes de mayo el subsecretario de Política Territorial procedió a la formalización del contrato que tiene por objeto las obras de rehabilitación del Palacio de Villamejor, situado en el Paseo de la Castellana número 3 de Madrid, así como el contrato de servicios de asistencia técnica para la dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras en la sede del citado ministerio, con cargo a la aplicación presupuestaria 'Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios'.

Posteriormente se ha modificado dicho contrato, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, porque era necesario reubicar en otro inmueble a todas las personas que desempeñan su puesto de trabajo en el palacio de Villamejor con carácter previo al inicio de las obras, así como proceder a las oportunas actuaciones de adecuación con anterioridad al traslado.

Por ello, está previsto el comienzo de la ejecución de las obras en octubre de 2022, por lo que es necesario llevar a cabo un reajuste de anualidades de los contratos. Esto implica una reducción del gasto a ejecutar en 2022 y un incremento del gasto a ejecutar en 2023, con el siguiente detalle:

Por ello, al superarse para 2023 los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, el Consejo de Ministros autoriza elevar el límite de compromisos de gasto para la citada anualidad y aplicación.

El Consejo de Ministros ha autorizado el pago de la contribución anual al World Travel and Tourism Council (WTTC) correspondiente a 2022 por importe de 55.000 dólares.

El WTTC tiene por objetivo principal que el sector de los viajes y el turismo sea fluido, seguro, inclusivo y sostenible, y trabaja para lograr una mayor colaboración entre el sector público y el privado. Persigue maximizar el potencial de crecimiento del sector, en asociación con gobiernos, destinos, comunidades y otras partes interesadas, para impulsar el desarrollo, la creación de empleo y la reducción de la pobreza.

El WTTC es una asociación de adscripción voluntaria de la que forma parte en la actualidad todo el espectro de la industria de los viajes y el turismo: sector del transporte, sector del alojamiento, distribuidores y comercializadores, compañías de inversión, grupos aseguradores, gobiernos naciones, regionales y locales, etc.

Actualmente son más de 200 empresas las representadas por esta organización, y cuya facturación conjunta alcanza dos tercios de billón de dólares.

La condición de España como potencia turística y su elevada dependencia de esta actividad económica hacen aconsejable la utilización de todos los medios a su alcance para influir en la política turística a nivel mundial.

Además, con ello se contribuye a consolidar a España como país líder mundial en el empeño de una recuperación sostenible e inclusiva de la actividad turística ante el sector privado, afianzando, de esta forma, el liderazgo que desde hace décadas desempeña en el ámbito público a través de la Organización Mundial del Turismo.

El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a percibir, con cargo a los recursos del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), la cantidad de 2.141.770,79€, como compensación de los gastos incurridos por la labor de administración, durante 2021, de los créditos del FIEM.

El ICO gestiona y administra por cuenta del Estado los créditos otorgados con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). La Ley 11/2010, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española, establece que el ICO será compensado por este cometido.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, una norma histórica que termina con la discriminación que sufren muchas mujeres.

El texto ha sido elaborado en contacto con las organizaciones sindicales y las plataformas de las empleadas de hogar que reivindican esta norma desde hace décadas.

La norma tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena para acabar con la discriminación histórica de este colectivo feminizado.

Este elemento de desvaloración del trabajo doméstico se ha mantenido en las normas y se corrige para terminar con la infravaloración histórica de un trabajo desempeñado mayoritariamente por mujeres, que ha contribuido a la perpetuación de estereotipos y al agravamiento de la brecha de género.

Se resuelve, por tanto, la equiparación con las personas trabajadoras por cuenta ajena tanto en el ámbito del sistema extintivo de la relación laboral como en el de la prestación por desempleo.

También se garantizará la protección de la seguridad y salud de las personas al servicio del hogar familiar equivalente a la de cualquier otra persona trabajadora, esencial no solo para asegurar la equiparación de condiciones que exige la normativa antidiscriminatoria de la Unión Europea y el Convenio 189 de la OIT, sino también para garantizar el derecho constitucional a la salud que corresponde a todas las personas.

También se proporciona cobertura en el ámbito de la garantía salarial a las personas trabajadoras del servicio doméstico en los casos de insolvencia o concurso de las empleadoras.

Protección por desempleo

Las empleadas del hogar dejan de ser el único colectivo laboral que carecía de protección en situación de desempleo pese a que la mayoría tienen relaciones laborales a tiempo parcial e intermitentes, que a menudo finalizan repentinamente por defunción de sus empleadores y con un régimen especial de despido que permitía los despidos arbitrarios e intempestivos sin ningún tipo de indemnización.

En este contexto de especial de vulnerabilidad, la prestación del desempleo constituye, desde la perspectiva de la justicia social, una necesidad ineludible.

Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a partir del 1 de octubre. Para que estas cotizaciones no supongan un sobresfuerzo económico para los empleadores, estos tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al FOGASA en este Sistema Especial.

Se mantiene la reducción de un 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes correspondiente a este Sistema Especial. Además, se van a incrementar los tramos de bonificación superiores al 20%, en función de la composición del hogar y también de los niveles de renta y de patrimonio, lo que permitirá aumentar el número de beneficiarios. Los requisitos de estas bonificaciones se fijarán reglamentariamente.

Además, el real decreto-ley también establece que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas/mes por empleador, eliminándose la posibilidad de que sean los trabajadores los que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.

Se elimina la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa y, por tanto, sin las garantías del despido para tales situaciones al permitir prescindir de las trabajadoras del hogar sin justificar causa alguna.

A partir de ahora se deberán acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato con las empleadas extendiendo, por tanto, la protección frente al despido

Acreditación de competencias

El Gobierno desarrollará políticas de formación y acreditación para las personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado o la atención de las personas que formen parte del ámbito doméstico y familiar. Estas iniciativas tendrán en cuenta las particulares condiciones de trabajo en este sector y las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en él.

La norma establece también el compromiso de creación de una comisión de estudio cuyo objetivo es la inclusión de la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades para que se identifiquen y se corrijan las deficiencias que existen en el ámbito de la protección ante las enfermedades profesionales de los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres.

Nuevo plazo para las ayudas al transporte

Mediante esta norma, el Gobierno también ha abierto un nuevo plazo para que las entidades locales se adhieran al programa de ayudas estatales para rebajar, al menos, un 30% el precio del transporte público colectivo a los usuarios habituales hasta el 31 de diciembre de 2022. En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado un plazo extraordinario de 10 días laborales para que puedan solicitar las ayudas temporales aprobadas por el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio. Así, el periodo se abre al día siguiente de la publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se cierra el próximo 21 de septiembre de 2022.

La gran aceptación inicial de la medida, a la que ya se han adherido 178 entidades locales, recomienda abrir de nuevo el proceso para dar las máximas flexibilidades a todos los ayuntamientos interesados.

Durante este plazo, también se ha incluido la posibilidad de que las comunidades autónomas con contratos o convenios con Renfe y los consorcios de transporte, puedan completar la documentación exigida por el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, para acceder a las distintas ayudas en transporte ferroviario prestado por Renfe.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha habilitado la posibilidad de asumir el pago de la cantidad que los consorcios de transporte u otras entidades públicas que gestionen el transporte metropolitano abonan a Renfe por los viajes en Cercanías y Rodalies, siempre que estos reduzcan el precio de los títulos multimodales en los que participen dichos servicios de Renfe durante el mismo periodo.

En este punto, cabe recordar que los gobiernos regionales y locales pueden complementar las ayudas estatales directas con fondos propios para incrementar los descuentos del transporte público colectivo de su competencia (metro, tranvía, autobús urbano o metropolitano…) para usuarios recurrentes.

El ministerio realizará la transferencia correspondiente al abono de las ayudas directas a partir del último trimestre de 2022 en función del periodo de aplicación de los descuentos, que se pueden activar de formar retroactiva.

Galicia y Castilla y León

Asimismo, el real decreto ley aprueba la gratuidad de los servicios ferroviarios de media distancia Avant entre Ourense y A Coruña y entre Madrid y Salamanca, por prestarse por red convencional, y no de alta velocidad, como es el caso del resto de servicios Avant.

Los títulos multiviaje vendidos con anterioridad a la entrada en vigor del descuento recogido en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, y que se utilicen entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, podrán solicitar la devolución de cada viaje realizado en ese periodo en los canales de posventa de Renfe.

Refuerzo de los descuentos en las islas

Finalmente, también se formaliza a nivel legal los compromisos adoptados con las comunidades Canarias y Balear para elevar los descuentos al transporte público colectivo en las islas, acordados recientemente con los gobiernos de ambas comunidades autónomas, dadas las especiales características que implica la insularidad y de la necesidad de articular políticas desde el gobierno de España para favorecer la igualdad entre los ciudadanos de las islas y de la península.

El protocolo rubricado con Canarias recoge una mejora de las ayudas directas estatales para elevar al 50% el descuento en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera.

En cuanto a las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, el acuerdo firmado por Baleares aprueba ampliar las ayudas directas para el transporte público por carretera que presta servicio en el archipiélago para que el descuento aplicable a los usuarios recurrentes llegue hasta el 50%.

Así, el Gobierno aporta fondos extra para rebajar un 20% adicional el precio a los usuarios recurrentes entre 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, siguiendo la metodología recogida en la Orden Ministerial de 15 de julio.

En el caso del transporte público ferroviario existente en las Islas Baleares, se bonificará al 100% los abonos y títulos multiviaje, garantizando así que el tren de Mallorca sea gratuito para los usuarios recurrentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos mediante los cuales se avanza en la actualización de la normativa tanto del transporte terrestre como del aéreo.

Así, por un lado, a propuesta de los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Interior, Trabajo y Economía Social e Industria, Comercio y Turismo, se ha aprobado la modificación del Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.

Por otro lado, también se ha aprobado otro real decreto, que ha contado con la participación de Mitma y del Ministerio de Defensa así como del sector, por el que se establecen las disposiciones complementarias de la normativa europea en materia de títulos y licencias del personal de vuelo de las aeronaves civiles y restricciones operativas por ruido, y por el que se modifican los siguientes reales decretos en estas materias:

Actualización normativa en transporte por carretera

Con la modificación del real decreto de excepciones sobre tiempos de conducción y descanso y uso del tacógrafo en el transporte por carretera, se incorporan algunas modificaciones permitidas por el derecho comunitario que se consideran relevantes para el sector del transporte por carretera en España.

Así, se reformulan algunas excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre los tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo, se introducen otras nuevas y se actualizan algunas referencias normativas.

Muy especialmente se tiene en cuenta las particularidades de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, equiparando su situación a las islas de los territorios nacionales de superficie no superior a 2.300 kilómetros cuadrados, finalizando el trabajo realizado desde Mitma con las instituciones europeas para tener en cuenta las especiales circunstancias de las dos ciudades autónomas.

De esta forma, se añaden tres nuevas excepciones:

Asimismo, se modifican las distancias máximas de determinadas exenciones, aumentándose de 50 a 100 kilómetros, homogeneizándose con lo aplicado en otros Estados Miembros.

Actualización del marco regulatorio aéreo nacional

Con este real decreto se derogan expresamente las disposiciones nacionales que regulan cuestiones cubiertas por los reglamentos de la Unión Europea (UE) en diversas áreas de la aviación civil, manteniendo actualizadas aquéllas otras disposiciones que siguen siendo necesarias para complementar la normativa de la UE o que permanecen en el ámbito de las competencias de los Estados miembros.

Se trata por tanto de un real decreto de carácter eminentemente técnico, que aborda ámbitos tan diversos de la aviación civil como los títulos y licencias del personal de vuelo de las aeronaves civiles, las restricciones operativas relacionadas con el ruido en aeropuertos, la certificación de las aeronaves civiles y de los productos y piezas relacionadas con ellas, la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo, las limitaciones del tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso de las tripulaciones de servicio en aviones que realicen transporte aéreo comercial o la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS) y el servicio de dirección en la plataforma aeroportuaria.

La finalidad de este real decreto es adecuar las normas nacionales a las comunitarias proporcionando más sencillez y claridad a la hora de la aplicación del marco jurídico nacional en materia de aviación civil.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento de entrada y permanencia de nacionales de terceros países que participan profesionalmente en la 37ª Copa América de Barcelona.

Barcelona ha sido designada como sede de la 37ª Copa América de vela, que se celebrará en otoño de 2024, comenzando las pruebas en agosto de 2024 y finalizando en noviembre de ese mismo año.

El carácter internacional de la Copa América hace de este evento una oportunidad para la atracción de inversión público-privada y para la proyección de Barcelona y de España en el ámbito deportivo y económico.

Se estima un impacto de la celebración de la Copa América en Barcelona en un mínimo de 1.000 millones de euros, pudiendo alcanzar los 1.700 millones y una creación de empleo de entre 21.000 y 30.000 puestos de trabajo según la organización. Por otra parte, también se estima que la celebración del evento significará un impulso al emprendimiento con la creación de 1000 nuevas empresas y spin-off que vendrán a reforzar este marco empresarial en Barcelona y toda su área.

Los participantes en la Copa América son mayoritariamente nacionales de terceros países no miembros de la Unión Europea, que contribuyen con el desarrollo de sus actividades profesionales a la internacionalización de la economía española y que tienen perfiles profesionales diversos, entre los que se incluyen a profesionales de la ingeniería, perfiles técnicos, navegantes, profesionales de la comunicación y la logística, así como regatistas, profesionales de la medicina deportiva, de la náutica y de la gestión de grandes eventos internacionales.

En este sentido, en desarrollo de la disposición final undécima de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se han elaborado instrucciones con la finalidad de regular el procedimiento de entrada y permanencia en España de extranjeros y nacionales de terceros países, que participan profesionalmente en la 37ª Copa América de Barcelona.

Además, es necesario habilitar la posibilidad de que las personas participantes puedan permanecer en España con sus cónyuges o parejas con análoga relación de afectividad, así como con sus hijas e hijos menores de edad o ascendentes a cargo dependientes.

Por consiguiente, estas instrucciones articulan una vía para permitir que los nacionales de terceros países puedan venir a residir y ejercer su actividad profesional durante la preparación y celebración de la 37ª Copa América de Barcelona a través de un procedimiento ágil y sencillo.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos por los que se autoriza el abono de dos contribuciones económicas al Instituto Federal de Alemania de Medicamentos y Productos Sanitarios (BfArM), correspondientes al año 2022.

Las contribuciones son las mismas y por importes similares a las que se vienen pagando todos los años, y permiten a nuestro país participar y beneficiarse de los proyectos y estudios que se realizan a nivel europeo e internacional en el ámbito sanitario. Se trata de las siguientes:

La participación de España en los distintos organismos y programas internacionales lleva implícita la aceptación de determinadas obligaciones financieras, cuyo importe obedece a unos baremos establecidos en el ámbito de los órganos de gobierno de los citados organismos.

De acuerdo con la normativa vigente sobre pago de contribuciones económicas a organismos y programas internacionales (disposición adicional cuarta de la Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales) el abono de aquellas debe ser autorizado por el Consejo de Ministros.

Con la entrada en vigor del Reglamento 2309/1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (EMA), se instauró el procedimiento de reconocimiento mutuo de autorizaciones de comercialización de medicamentos (PRM) y procedimiento descentralizado (DC), además de los procedimientos centralizados (autorización válida para todos los Estados miembros de la UE y que se lleva a cabo en la EMA) y nacional (autorización válida para un Estado miembro).

En virtud de dicho procedimiento, cuando una empresa titular de una autorización de comercialización de ámbito nacional desea hacer la misma extensiva a otros Estados miembros de la UE, invoca el PRM y DC mediante el cual el Estado miembro que concedió la autorización nacional se erige en garante de la evaluación practicada al medicamento sometido al PRM y responde a las objeciones o preguntas formuladas por las autoridades hermanas de los Estados miembros en los que desea comercializar el medicamento. El PRM y DC es ampliamente utilizado por las empresas farmacéuticas establecidas en la UE.

Por otra parte, la Red Europea de Agencias de Medicamentos está formada por las Agencias Nacionales competentes para la autorización de medicamentos de uso humano y veterinario de los distintos países del espacio económico europeo, y es la organización responsable de la regulación de los medicamentos para uso humano y veterinario en el área económica europea. La red de Agencias de Medicamentos está soportada por distintos grupos de trabajo que cubren distintas áreas específicas de responsabilidad en la regulación de medicamentos desde la fase de investigación hasta la de postautorización.

Por acuerdo de la reunión de Jefes de Agencia de 14 de noviembre de 2007, se pacta que la Agencia Alemana BfArM desarrolle y mantenga la web de la Red Europea de Agencias de Medicamentos.

Para tramitar las autorizaciones vía PRM y DC se precisa de un complejo sistema informático que gestione los calendarios y permita la conexión entre las autoridades nacionales competentes en materia de medicamentos de los países miembros de la UE. La primera aplicación desarrollada a estos fines se denominó EudraTrack, y consistía en un aplicativo cliente-servidor y estuvo operada hasta 2002 por el Centro Conjunto de Investigación (CCI) de la Comisión Europea, desde sus instalaciones de Ispra (Italia). En febrero de 2002, se decidió constituir un grupo de trabajo ad hoc para supervisar la transferencia de EudraTrack de su ubicación en esos momentos a un Estado miembro, Alemania, que se había presentado voluntario para recepcionar la aplicación, actualizarla y operarla para la totalidad de los Estados miembros.

Posteriormente, en 2003, en la reunión de Jefes de Agencias celebrada en Atenas, se decidió constituir un segundo grupo ad hoc para analizar la actualización de la aplicación que se desarrollaría bajo la supervisión de BfArM en colaboración con expertos del Instituto Federal Alemán de Documentación e Información Médica (DIMDI).

El acuerdo vigente conlleva la obligación fundamental para el BfArM de ubicar y operar la aplicación informática CTS, dar servicio a las Autoridades en materia de medicamentos de los Estados miembros e informar puntualmente sobre la ejecución presupuestaria y las necesidades financieras. Gracias a esta colaboración el PRM sigue funcionando en la UE, tanto para medicamentos humanos como para veterinarios.

La cuota anual en 2022 asciende a 20.612,70 euros, siendo superior a la correspondiente a 2021 (18.216,11 euros).

La web de la Red Europea de Agencias de Medicamentos ofrece información actualizada sobre medicamentos autorizados por el procedimiento de reconocimiento mutuo y descentralizado, así como circulares e información regulatoria de interés relativa a este procedimiento que consta de las siguientes secciones, entre otras:

El BfArM es responsable del mencionado servicio Web incluyendo todas las actualizaciones de la página principal y el índice de productos de Reconocimiento Mutuo. Asimismo, es responsable de los datos suministrados, su grado de actualización y su validez con la autoridad nacional competente que es responsable del procedimiento de registro subyacente.

Los costes totales del servicio Web son actualmente 60.000 euros al año y son compartidos por igual entre los 27 Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega. La cantidad a abonar este año por nuestro Departamento es la misma del año pasado, es decir, 2.033,33 euros.

Los acuerdos se presentan en CGSEYS, acompañados de la siguiente documentación preceptiva (que se ha distribuido por Comisión Virtual):

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la celebración de un acuerdo marco para la selección de proveedores de epoetinas por valor de más de 44,5 millones de euros.

Las epoetinas son principios activos pertenecientes al subgrupo terapéutico B03XA, todos ellos eritropoyetinas de origen recombinante, que están indicados para el tratamiento de la anemia asociada a la insuficiencia renal crónica, a la quimioterapia por tumores sólidos, a la prevención de riesgos quirúrgicos y a la anemia en prematuros.

Dicho acuerdo marco supone la continuidad y actualización de los aprobados en 2013, 2015 y 2019 y supone la renovación y actualización de estos acuerdos con la incorporación de nuevas presentaciones de medicamentos comercializadas.

Además del Ministerio de Defensa, en este acuerdo marco participan el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y un total de 10 comunidades autónomas: Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunitat Valenciana.

Asimismo, este acuerdo se propone ante la persistencia de las necesidades que dieron lugar a los anteriores, además del resultado positivo en el orden económico y sanitario de las compras centralizadas realizadas durante el periodo de vigencia de los mismos. En concreto, se estima un ahorro con el nuevo acuerdo marco durante el periodo total de su vigencia (incluida la posible prórroga) de 11 millones de euros.

El plazo de vigencia previsto de este acuerdo marco es de 24 meses, con la posibilidad de prórroga por 12 meses más con un valor estimado de 44.525.779,69 euros (IVA excluido).

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para el desarrollo de actuaciones que son exponentes de la dimensión social y económica de la ciencia.

Se trata de más de 3,3 millones de euros en subvenciones a cuatro entidades científicas.

En concreto, a través de este real decreto, el Gobierno aprueba la concesión de dos millones de euros al Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra para impulsar el proyecto de construcción y el equipamiento de una nueva sede.

El objetivo es convertir esta institución en un museo de vanguardia, impulsado por las nuevas tecnologías, que contribuya a la divulgación científica constituyéndose en punto de encuentro entre el mundo académico y la sociedad, que haga también posible una investigación multidisciplinar y de excelencia sobre biodiversidad y medioambiente, y que eduque, contribuyendo a la incorporación del alumnado universitario al mundo laboral con la sensibilidad, la formación y el liderazgo que el cambio global requiere.

La nueva sede, que estará situada en el campus de la Universidad, también albergará el Instituto de Biodiversidad y Medioambiente (BIOMA) y acogerá los trabajos de investigación interdisciplinar de excelencia que realiza el Museo sobre biodiversidad y medioambiente.

A través del real decreto aprobado, el Ministerio de Ciencia e Innovación también destina un millón de euros a la construcción del Centro de Innovación y Emprendimiento para una Transición Industrial Sostenible de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón.

Este centro estará orientado al desarrollo de proyectos para la generación de nuevas actividades industriales. En concreto, promoverá la colaboración interdisciplinar entre empresas, emprendedores, personal investigador, alumnado y agentes tecnológicos para la transición hacia una industria sostenible y justa.

Asimismo, se conceden 300.000 euros a la Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

El objetivo de esta subvención es potenciar la investigación en esta fundación, que desarrolla la mayor parte de sus actividades en la provincia de Teruel y ha conseguido importantes logros científicos a partir de fósiles de otras comunidades autónomas y de otros países.

Específicamente, el equipo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha encontrado y documentado 463 nuevos niveles paleontológicos con restos de dinosaurios en Teruel y ha recuperado cerca de 32.000 nuevos fósiles de vertebrados. También ha descubierto y definido el dinosaurio más grande de Europa, Turiasaurus riodevensis, y ha aportado importantes novedades sobre el primero definido en España, Aragosaurus ischiaticus.

Por último, se destinan 60.000 euros a la Fundación Ibercivis, que promueve la participación del público general en actividades de investigación científica a través de la ciencia ciudadana.

El Ministerio de Ciencia e Innovación forma parte del patronato de esta fundación y contribuye a la financiación de sus gastos de funcionamiento para impulsar la ciencia ciudadana en España como instrumento para contribuir a la ciencia y fomentar la cultura científica.

Hasta la fecha, Ibercivis ha liderado y promovido más de 80 proyectos de ciencia ciudadana, colaborando con más de 100 grupos de investigación. Entre estos proyectos se incluye SocioBee, una actividad dirigida a jóvenes de 8 a 16 años para la medición de la calidad del aire en la ciudad.

Manuel Alhama Orenes, nacido en 1973, licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ingresó en la carrera diplomática en 2004, sirviendo fuera de España en Puerto Príncipe (Haití), en donde fue Segunda Jefatura; Luxemburgo, en donde fue consejero político; y Ginebra-ONU, en donde desempeñó responsabilidades como consejero ante el Consejo de Derechos Humanos durante la membresía de España en el mismo (2010-2013).

En España ha trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación como vocal asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional; como consejero técnico en la Subdirección General de Asuntos Migratorios; y en el Ministerio del Interior, como vocal asesor de Asuntos Europeos (2014-2016) y como subdirector general de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería (2016/2022) en la dirección general de Relaciones Internacionales y Extranjería.

Licenciado en Ciencias de la información por la UAB y diplomado en Relaciones Internacionales por L'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1985 y ha estado destinado en las Embajadas de Angola, Luxemburgo, Andorra y la Representación Permanente ante la UE. Ha sido subdirector general de Oriente Próximo y asesor internacional del Presidente Montilla de la Generalitat de Catalunya. Fue embajador de España en Andorra y actualmente es cónsul general de España en Marsella.

D. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ-SOLÓRZANO

Nacido en Ciudad Rodrigo (Salamanca) el 6 de enero de 1963. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ingresó en la carrera diplomática española en 1990.

En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el último puesto desempeñado fue el de subdirector general de México, Centroamérica y Caribe durante cinco años (2010-2015). Anteriormente, fue director adjunto del Gabinete del director de la AECID y trabajó en la Secretaria General para la Unión Europea en la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2002.

En el exterior, ha sido hasta su nombramiento como embajador, ha sido cónsul general de España en La Habana y previamente ha desempeñado la segunda jefatura en las Embajadas de España en Luxemburgo, San José de Costa Rica, Quito y Haití y como consejero Cultural y de Cooperación en la Embajada de España en el Cairo. También fue cónsul general de España en Agadir (Marruecos).

D. FELIPE DE LA MORENA CASADO

Es licenciado en Derecho e ingresó en la carrera diplomática en 1989. Ha estado destinado en las Embajadas de España en Kinshasa, Varsovia, Washington y Quito. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha sido director de Relaciones Económicas con África y Oriente Medio; jefe de área de Seguridad -OTAN, UEO-; subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales con Países en Desarrollo; jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría; e, inspector general de Servicio.

En el Ministerio de Defensa ha sido asesor ejecutivo para asuntos internacionales en el Gabinete del secretario de Estado de Defensa. En 2011 fue embajador en Malta; en 2014 embajador en Misión Especial para Asuntos Internacionales de Medioambiente; en 2016 fue coordinador en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Desde diciembre de 2021 es embajador de España en el Reino de Tailandia y en mayo de 2022 también fue designado embajador en la República Democrática Popular de Laos.

D. MARÍA DOLORES RÍOS PESET

Nacida en Valencia el 12 de febrero de 1966, Licenciada en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Valencia, ingresó en la carrera diplomática en 1991.

En estos más de 30 años en la carrera diplomática ha ejercido puestos en el Exterior y en la sede central del Ministerio. En el Exterior ha estado destinada en la Embajada de España en Bolivia como Secretaria de Embajada, en Colombia como Cónsul, en Namibia y en Paraguay, Segunda Jefatura y fue nombrada en ambos puestos consejera de cooperación. En la Embajada de España en México fue Consejera Cultural y en la de Ecuador, Cónsul General en Quito. Los puestos desempeñados en el Ministerio de Asuntos Exteriores han sido consejera técnica en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, jefa adjunta del gabinete y Subdirectora General de Cooperación con África Subsahariana y Asia en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y responsable de cooperación multilateral en la Dirección de Políticas de Desarrollo. En la Secretaría de Estado de Unión Europea, entre los años 2015 al 2017, fue subdirectora general adjunta de Asuntos de Justicia e Interior y posteriormente vocal asesora de Asuntos Parlamentarios en el Gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea.

Desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 29 de julio de 2022 fue embajadora de España en Cabo Verde.

D. FERNANDO CURCIO RUIGÓMEZ

Nacido en Madrid el 28 de noviembre de 1962, obtuvo la licenciatura en Derecho y la especialidad en Estudios Europeos. Ingresó en la carrera diplomática en 1990.

Entre 2018 y 2022, ha sido el embajador de España ante Nueva Zelanda, Fiyi, Samoa, Islas Cook, Tonga y Kiribati. Simultáneamente ejerció como presidente de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos. Anteriormente fue Embajador de España en la República Socialista de Vietnam entre 2009 y 2013.

Fue director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino entre 2004 y 2009, habiendo sido previamente subdirector general de Organismos Multilaterales de Pesca entre 2000 y 2002. Anteriormente trabajó como jefe de área de la Asesoría Jurídica Internacional. Desempeñó el puesto de consejero en la Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas desde 2002 hasta 2004. Como Segunda Jefatura, ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas de Sudán, Paraguay, Zimbabwe y Países Bajos.

D. ANTONIO SÁNCHEZ-BENEDITO GASPAR

Nacido en Málaga en 1968, es diplomático de carrera desde el año 1994, habiendo desempeñado numerosos puestos tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en el Servicio Europeo de Acción Exterior, donde hasta ahora era embajador de la Unión Europea en Mozambique.

Durante su estancia en España ha trabajado en las Subdirecciones generales de América del Sur y de África Subsahariana, donde fue subdirector general entre 2004 y 2008. En el exterior ha sido Encargado de negocios en Libia, Segunda Jefatura en las Embajadas de Angola, El Salvador y Mozambique, y embajador en Etiopía, Yibuti, Seychelles, así como representante permanente de España ante la Unión Africana. Su último puesto en el Ministerio, antes de trabajar como embajador de la UE en Madagascar y Comores (2014-2018) y en Mozambique (2018-2022), fue el de embajador en Misión Especial para el Sahel en los años 2013 y 2014.

Es especialista en asuntos africanos y ha publicado numerosos artículos sobre cuestiones relacionadas con África y la Cooperación al Desarrollo, así como ha participado en diversas Conferencias y Seminarios, incluyendo la dirección del Curso de Verano sobre problemática de la Mujer Africana en la Universidad de Málaga.

D. JOSÉ MIGUEL CORVINOS LAFUENTE

Nacido en Zaragoza, el 5 de agosto de 1966. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1993.

Ha sido cónsul general adjunto de España en Moscú (1997-1998), Segunda Jefatura en la Embajada de España en Honduras (1998-2000) y consejero en la Embajada de España en Francia (2000-2004). Ha desempeñado el cargo de embajador de España en Cabo Verde (2011-2014) y en Malasia y Brunei (2018-2022).

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha ocupado, entre otros puestos, el de jefe del Gabinete Técnico del subsecretario (2005-2007) y director adjunto del Gabinete del ministro (2008-2010). Ha sido también director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015-2017).

D. DON LUIS DE CARLOS BERTRÁN

Luis de Carlos Bertrán (25/9/1960) es socio presidente del Bufete de abogados Uría Menéndez, tras haber ejercido desde noviembre de 2005 hasta diciembre de 2018 como socio director. Se incorporó al bufete en 1983 y fue nombrado socio en 1991. Dirigió la oficina de Barcelona entre 1993 y 1995, y fue el responsable de la práctica profesional de Uría Menéndez hasta su designación como socio director. Cuenta con 38 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y extranjeras en Derecho de mercado de valores y asesora también regularmente en Derecho societario y gobierno corporativo, fusiones y adquisiciones y Derecho bancario.

Los principales directorios internacionales le consideran el abogado de referencia en España en mercado de valores y ha recibido numerosos reconocimientos: Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort concedida por el Ministerio de Justicia (2017), Premio Forbes al mejor socio director (2018), Premio Expansión al mejor abogado del año en derecho de los negocios (2018), Premio Confilegal a la trayectoria profesional (2018), Premio Legal Marcom a la mejor reputación de abogado (2018), Lawyer of the year in Spain (Capital Markets), Best Lawyers 2018 y 2019, Premio The Lawyer European Awards al socio director del año en Europa (2016), Premio Icade Asociación a la carrera consolidada (2011).

Comprometido con la sociedad civil asumiendo diferentes cargos, entre otros, en las siguientes entidades: presidente de la Fundación ProCNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares), vicepresidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, vicepresidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, secretario general de la Fundación de Estudios Financieros, secretario de la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, Luis de Carlos ha sido profesor de Derecho del Sistema Financiero en la Universidad Pontificia de Comillas ('ICADE') desde 1988 hasta 2013.

Actualmente imparte clases en el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía de la misma Universidad, participa regularmente como ponente en seminarios y conferencias. Asimismo, es autor de numerosos libros y artículos jurídicos y no jurídicos. En 2018 ha publicado el libro "Alexander. La extraordinaria historia de Alejandro Farnesio".

Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid (España)

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